"La ley que nos parió" mirá el documental completo!

Informe Abal Medina a la SIP

Buenos Aires, 4 de mayo (Télam).- El secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, entregó hoy a la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa - SIP- que visita nuestro país un informe sobre las "principales políticas públicas tendientes a democratizar los servicios de comunicación en Argentina y garantizar la libertad de expresión".
El siguiente es el contenido de este documento, incluido en el Apartado I que el funcionario brindó a la delegación de la SIP:

Ley de servicios de comunicación audiovisual.
La demanda por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplazara el marco regulatorio impuesto por la dictadura fue uno de los ejes en torno de los cuales se agruparon, desde 1983, diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y universidades que impulsaban la democratización de las comunicaciones.
Este núcleo de movilización inicial fue el origen de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que se consolidó a partir de la definición de 21 puntos básicos de acuerdo.
En abril de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió el compromiso público de elaborar un nuevo proyecto de ley que contemplara los principios propuestos por los actores sociales e institucionales nucleados en la Coalición.
La propuesta se presentó el 18 de marzo de 2009. Además de la labor sostenida por este conjunto de organizaciones durante más de dos décadas, la nueva ley que finalmente se aprobó en el Congreso sumó un proceso de consulta pública que incluyó la realización de 23 foros en distintas ciudades del país, y permitió la incorporación de más de 200 aportes de la sociedad civil al texto original.
El proyecto tuvo una intensa discusión en el Parlamento y obtuvo el apoyo de diversos bloques de la oposición, ampliando de este modo aún más su base de legitimidad política y social.
Los principales lineamientos del nuevo marco normativo son:
1) Democratización y universalización
La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
2) Servicios de comunicación audiovisual
Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo socio-cultural de la población, por el cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.
3) Órganos colegiados
Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. A la Autoridad se suma el Consejo Federal cuyos miembros representan a todas las provincias del país, los prestadores privados, las emisoras universitarias, los medios públicos y los trabajadores de la comunicación.
4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
La ley prevé la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
5) Abono social
Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para ver televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.
6) Desmonopolización
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
7) Titulares de las licencias
El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.
8) Participación de cooperativas
A diferencia de la ley que se encontraba vigente, cuyo carácter discriminatorio e inconstitucional había sido denunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos, la nueva regulación permite la participación de cooperativas.
9) Plazo de las licencias
La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias, las cuales durarán diez años y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
Las condiciones para el otorgamiento de licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
10) Más contenidos nacionales
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.
Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos.
Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
11) Igualdad de oportunidades
Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.
12) Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos
Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.
13) Publicidad
Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.
14) Nuevas tecnologías y servicios
A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada.
15) Radio y televisión estatales más participativos
Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.
16) Medios municipales y provinciales
Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.
17) Más voces de la sociedad civil
Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta.
18) Medios universitarios y educativos
Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.
19) Televisión e infancia
Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.
20) Cine nacional
Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.
A principios de julio de 2010, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), creada como institución de aplicación de la nueva normativa, dio inicio a un proceso participativo para la elaboración del decreto reglamentario de la Ley 26 522. El mecanismo incluyó la realización de foros en todo el país, coordinados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que reunió las propuestas presentadas. La reglamentación fue aprobada el 1 de septiembre del mismo año a través del Decreto Nº1225/20102.
Despenalización de las calumnias e injurias para expresiones referidas a temas de interés público.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y sancionado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado de la Nación el 18 de noviembre de 2009. Como resultado de este proceso, se promulgó la Ley 26 513 que deroga la figura de calumnias e injurias como delito penal para expresiones referidas a asuntos de interés público, eliminando la pena de prisión e introduce la figura de la "real malicia" para juzgar la responsabilidad de los imputados. Se trata de un viejo y extendido reclamo de periodistas de todas las ideologías y de organismos vinculados a la defensa de la libertad de expresión -entre ellos, la organización que ustedes representan- para evitar las presiones por vía judicial de los poderes públicos ante manifestaciones que pudieran considerar desfavorables.
El gobierno envió el proyecto en cumplimiento de una decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso impulsado por la iniciativa de organizaciones de la sociedad. Se trata del caso de Eduardo Kimel, un periodista que en el año 2000 había sido condenado penal y civilmente por haber llevado adelante una investigación seria y comprometida sobre el asesinato de cinco religiosos católicos cometido por un grupo de tareas que respondía a las fuerzas armadas en 1976, durante la última dictadura militar. Kimel fue condenado a un año de prisión y sanciones patrimoniales. Tras agotar la vía judicial en nuestro país, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana que, en 2007, demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de esta manera, puso por primera vez un litigio argentino en materia de libertad de expresión a consideración del máximo tribunal regional.
Desde la recuperación de la democracia, la persecución penal a quienes toman la voz pública fue un recurso utilizado por funcionarios, dirigentes políticos y empresarios para impedir el ejercicio de la libertad de expresión. La sanción de una legislación conforme a los estándares del Sistema Interamericano en la materia fue postergada una y otra vez por los sucesivos gobiernos democráticos y tampoco lograron prosperar diversas iniciativas impulsadas en el Congreso. El único avance al respecto había tenido lugar en 1993, con la derogación de la figura de desacato a partir de un litigio internacional que concluyó con un acuerdo de solución amistosa firmado ante la Comisión Interamericana. Sin embargo, derogada esta figura, los procesos contra periodistas y ciudadanos en general lejos de frenarse, se incrementaron a lo largo de toda la segunda mitad de la década del `90, bajo la forma de querellas por calumnias e injurias. Este avance fue reconocido por organizaciones internacionales dedicadas al monitoreo del estado de la libertad de expresión y las condiciones de ejercicio de la labor periodística en todo el mundo.
Así, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) felicitó mediante un comunicado a las autoridades argentinas por la sanción de este proyecto. Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ, consideró que la reforma representa "un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina".
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras estimó que "la reforma impulsada por el gobierno argentino, y aprobada por el Congreso, significa una gran mejora legislativa en favor de la libertad de expresión".
A partir de la aprobación de la reforma y de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la organización apoyó de manera explícita, Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que la situación general para el ejercicio de la labor periodística en Argentina había mejorado en 2009. Esto motivó que el país subiera 21 puestos en el ranking anual elaborado por RSF, para ubicarse en el número 47 al cierre del año.
Proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y de papel de diario
El Poder Ejecutivo propuso al Parlamento la creación de una comisión bicameral permanente "de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de papel para diarios", que debería tener a su cargo la evaluación de un nuevo proyecto de ley que precisara el marco regulatorio de esta actividad.
Ese segundo proyecto fue elaborado también por iniciativa del Ejecutivo, luego de la realización de más de una decena de foros en todo el país y de la celebración de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, y fue presentado en el Congreso a mediados de octubre.
El proyecto contempla la declaración de interés público para la actividad y fija un precio igualitario para todos los compradores de papel. Crea también un órgano de aplicación específico encargado de velar por su cumplimiento: la Autoridad Federal para el Control y Seguimiento de la Producción, Distribución y Comercialización del Papel de pasta celulosa para diarios (AFePDiCoP), en el ámbito del Ministerio de la Producción.
Además, establece que ninguno de los futuros propietarios de Papel Prensa podrá tener más de un 33% de las acciones y prohíbe ser accionistas a todas aquellas sociedades o personas físicas que posean más del 10% del capital accionario de un medio gráfico y/o audiovisual.
Sistema de Televisión Digital Abierta
La Televisión Digital Abierta (TDA) es el Plan social del Estado argentino anclado en la tecnología de la Televisión Digital Terrestre y la Televisión Directa al Hogar que se propone garantizar un incremento en la calidad de la TV respecto de los contenidos (educación, cultura y entretenimiento), la calidad de imagen y sonido, la participación ciudadana, la inclusión social, la generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la Industria Nacional y la cobertura televisiva en todo el país.
Los objetivos generales que persigue este plan son los siguientes:
Promover la inclusión social, la diversidad cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, así como la democratización de la información;
Facilitar la creación de una red universal de educación a distancia;
Estimular la investigación y el desarrollo, así como fomentar la expansión de las tecnologías e industrias de la República Argentina relacionadas con la información y comunicación;
Planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios;
Optimizar el uso del espectro radioeléctrico;
Contribuir a la convergencia tecnológica;
Mejorar la calidad de audio, video y servicios;
Alentar a la industria local en la producción de instrumentos y servicios digitales;
Promover la creación de puestos de trabajo y la capacitación de los trabajadores en la industria tecnológica.
La gratuidad del servicio de la TDA es una decisión del Estado argentino basada en la determinación de dar acceso a los ciudadanos, independientemente de su situación económica. La idea es que las nuevas tecnologías, ancladas en políticas públicas y sociales, puedan realmente ayudar a generar igualdad de oportunidades para todos.
En los últimos meses se han instalado 150 antenas satelitales en escuelas rurales y se han distribuido de forma gratuita decodificadores en distintas zonas del país a ciudadanos de escasos recursos.
Acceso a la Información
Desde 2003, con la promulgación del Decreto 11726, el ex presidente Néstor Kirchner puso al Ejecutivo a la cabeza de las iniciativas para facilitar el acceso a la información pública y al día de hoy sigue siendo el único poder del Estado que cuenta con una regulación específica que ampara el ejercicio de este derecho.
Con posterioridad a ese decreto, la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia garantizó mediante una resolución el acceso libre y gratuito a la base histórica de la primera sección del Boletín Oficial, que contiene las novedades de legislación y avisos oficiales, una medida que venía siendo largamente reclamada por organizaciones de la sociedad civil.
El Poder Ejecutivo impulsó también la desclasificación de toda la información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, con el objetivo de aportar pruebas para los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. El Decreto 4/2010, publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial, releva toda clasificación de seguridad para los documentos del período 1976-1983, así como también para información producida fuera de ese lapso temporal, relacionada con la represión ilegal.

Producciones propias: Canal Encuentro, Pakapaka e Incaa TV
El gobierno -a través del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación- ha generado tres señales propias de producción de contenidos con carácter federal y popular, que tiene el propósito explícito de rescatar la diversidad geográfica, cultural y étnica. Son canales que brindan formación y capacitación, apoyo a los programas escolares, generación de contenidos especialmente pensados para niños, transmisión de conocimiento nacional y difusión de las producciones locales de cine.
En un contexto donde la concentración ha tendido a reproducir de modo dominante los contenidos de carácter urbano, la experiencia de la televisión pública abierta en este último período, y particularmente del canal Encuentro, muestran un camino diferente, orientado a la defensa de los bienes culturales nacionales como un valor a fomentar y proteger.
El gobierno apuesta a dar sustento a largo plazo a la democratización de la comunicación con la televisión digital pública, una alternativa federal, democrática y de calidad a la televisión comercial, que facilite el acceso masivo a los contenidos producidos para las señales propias que hoy sólo pueden ver los abonados al cable.
"Deporte para Todos"
El Gobierno impulsó las medidas necesarias a fin de garantizar que todos los habitantes del territorio nacional, accedan sin restricciones y gratuitamente a todas las disciplinas deportivas y que este derecho no sea exclusivo de los hogares con posibilidades de abonar el servicio de televisión por cable.
Previamente, el gobierno nacional había garantizado el acceso gratuito de todos los ciudadanos a los partidos de fútbol de los diferentes torneos oficiales organizados por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), quien cedió en forma exclusiva los derechos de explotación primarios y secundarios de las imágenes y/o sonidos obtenidos en ocasión y desarrollo de cada uno de los encuentros de los torneos de fútbol de primera categoría que organiza, para su transmisión en vivo y en directo y/o en diferido, en Capital Federal, el interior y exterior del país.
De este modo, millones de habitantes en el territorio que habían quedado excluidos de la posibilidad de ser espectadores en directo de los eventos deportivos de mayor popularidad e inserción a nivel nacional, han recuperado en forma gratuita y sin restricción alguna ese derecho, garantizado por el Estado a través de la televisión abierta. (
Tomado de Télam http://www.telam.com.ar

Ley de Medios: Se reglamenta y se larga!

Radio abierta por la vigencia de la Ley de Medios

Durante cuatro horas, en la plazoleta de la Compañía de Jesús, una radio abierta en apoyo a la ley de servicios audiovisuales transmitió para el centro de la ciudad un programa especial con invitados, música e intervenciones artísticas. Con la ley todos, sin la ley los monopolios, fue la apuesta lanzada a la ciudadanía.
www.prensared.com.ar

A horas de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la judicialización que impide su vigencia, cientos de cordobeses participaron de la actividad organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática Córdoba.

Como se sabe la ley 26.522 que reemplaza la impuesta por la dictadura fue sancionada y promulgada según mecanismos democráticos. Los grupos monopólicos y las decisiones de algunos jueces, sin embargo, burlan la voluntad popular e impiden que entre en vigencia.

La democratización de la palabra uno de los objetivos centrales de la ley fue una realidad al menos por un par de horas. Representantes de diferentes sectores de la sociedad civil opinaron y dialogaron sobre la importancia de la puesta en vigencia de la norma. El programa fue conducido por Judith Gerbaldo, periodista de FM Sur y de Farco.

Así, miembros de los Organismos de Derechos Humanos, del Cispren y de la Unión Obrera Gráfica, de Jubilados, de la Escuela de Ciencias de la información, de radios comunitarias provinciales y locales y de Carta Abierta junto a artistas y periodistas digitales, hicieron uso del micrófono.

Asimismo, se entregaron cientos de volantes a los ciudadanos que transitaban por la peatonal cordobesa. Muchos de ellos se detuvieron a observar la muestra de humor, las intervenciones artísticas y participaron del debate.

Compartimos algunas imágenes de la jornada:

Martes 18 de Mayo en la Plazoleta de la Facultad de Derecho

JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE MEDIOS 26.522 - Jueves 11 de Febrero 2010

INVITACION JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE MEDIOS 26.522
–Vigencia – Alcances – Implementación - Relevamiento obligatorio de radios y canales de TV operativos

Con la presencia de Néstor Busso, Presidente del Consejo Federal de Comunicación

La Coalición por una Radiodifusión Democrática Córdoba realizará este jueves 11 de febrero en la ECI – Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, una jornada de trabajo en relación a la nueva Ley de Medios 26.522, con la presencia de Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación y Santiago Martínez, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación.

La actividad constará de dos partes:
- a las 17.00 hs Espacio taller para receptar y responder consultas sobre el relevamiento obligatorio de radios y canales de TV operativos, dispuesto por el AFSCA – Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ( ex Comfer), cuyo plazo vence el 15 de marzo. Tendrá lugar en el Aula ECI 9, Planta Alta, Edificio Histórico de la ECI

- a las 19.00hs Charla- debate sobre la nueva Ley 26522. En el Auditorio de la ECI – Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba

Desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática Córdoba entendemos que es importante aprovechar esta instancia a los efectos de que todos los medios de comunicación sociales, populares y comunitarios, cumplan en tiempo y forma con el requisito de reempadronamiento dispuesto por la Autoridad Federal y por otra parte, coincidimos en que dicho relevamiento permitirá contar con un mapa de medios de todo el país ( y quienes son sus dueños ), herramienta necesaria para fijar límites a la concentración y a los monopolios mediáticos y redistribuir el Derecho a la palabra de todas y todos los ciudadanos.

Los invitamos a participar y a extender la invitación a todos los medios, personas y organizaciones sociales a las cuales les pueda interesar la temática.

Para la primera actividad, recomendamos concurrir con los formularios del reempadronamiento, que pueden consultarse previamente en la página web: www.afsca.gov.ar

Adhiere Carta Abierta Córdoba.
Para prensa, tel. de contacto: 153 958595 - 153 566124 – 156 825633
Desde ya, muchas gracias por difundir esta información.

Nueva Ley de Medios en Argentina. Los movimientos sociales fueron protagonistas

Por: Judith Gerbaldo – Responsable de Formación – FARCO, Integrante Equipo ELFO- ALER

La democracia argentina ha alumbrado una nueva ley de medios, momento histórico para el país porque la ley SCA significa un antes y un después en el escenario de medios, en paralelo ubica a la ciudadanía y los actores de la comunicación frente a desafíos de diverso orden. Tiempo de debates en los que se ha puesto en cuestión la credibilidad de los grandes medios, más preocupados en defender corporativamente sus intereses mediante una férrea campaña opositora, antes que reconocer en su justa medida el movimiento social que prohijó esta ley. En esa línea, los medios privados profesionales junto a aquellos sectores que se opusieron a su tratamiento, perdieron la oportunidad histórica de agregar calidad, diversidad y multiplicidad a la democracia. Porque el enorme poder simbólico de la normativa puso en escena pública la posibilidad de enfrentar la naturalización que nos hizo creer que el mundo de la comunicación y de la información se correspondía con la única forma viable en la época del capitalismo especulativo-financiero: el mercado y sus leyes, el mercado y sus beneficios.


Los debates promovidos en torno a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión movilizaron reflexiones y aportes, no sólo acerca de la compleja concentración de medios existente en nuestro país, sino también acerca del marco jurídico que contempla las actividades de comunicación e información y acerca del rol del Estado. El decreto ley 22.285 inspirado en la doctrina de seguridad nacional, fue largamente cuestionado por grupos de la sociedad civil que desde el regreso a la democracia, reclamaban espacios a partir de los cuales construir otro modelo de comunicación para nuestra sociedad. En los últimos meses, más de 15 foros con modalidad de audiencias públicas se desarrollaron en distintos puntos del país, a partir de la presentación pública del anteproyecto de Ley, realizada por el gobierno nacional el 18 de marzo de 2009.

El 27 de Agosto de este año y a cinco años de conformada la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la presidenta Cristina Fernández decide enviar el proyecto al Congreso de la Nación, que fue acompañado hasta el parlamento con una movilización popular convocada por la misma Coalición que ocupó el espacio público urbano y a la que se llega luego de años de reclamar por los derechos a la comunicación. Las audiencias en el Congreso encontraron esa presencia militante, que continuó hasta la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, y que continuará con vocación de guarda y cuidado, en la etapa de reglamentación e implementación de la ley.

Después de 25 años de democracia y de más de setenta proyectos de ley de Radiodifusión olvidados en el Congreso, finalmente el Poder Ejecutivo Nacional presenta este Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que toma como antecedente los 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática[1]. La experiencia inédita de la Coalición, liderada por FARCO, e integrada por más de 300 organizaciones representantes de múltiples sectores sociales, gremiales, educativos y de organismos de derechos humanos y su propuesta de 21 puntos para una ley de la democracia, apuntaba a superar las limitaciones existentes en el país. Los mencionados 21 puntos fueron presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y durante casi 5 años, a lo largo y ancho del país, fueron discutidos y consensuados entre la ciudadanía. Durante este período la Coalición desarrolló en una actividad inusitada. Desde el aporte en la redacción de la propuesta de ley presentada por el gobierno nacional, enviando aportes a la propuesta presentada en todas las instancias habilitadas para tal fin, sean los foros de debate, en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), incluso en las audiencias que la oposición armó en las provincias de Mendoza, Santa Fé y Córdoba. Recorrido que da cuenta del lugar de la memoria que ha ocupado sistemáticamente una ley democrática, en los sectores sociales y políticos de Argentina, al tiempo que descubre la falacia de los argumentos expresados por un oposicionismo[2] a la ley, carente de argumentos sólidos.




Ver álbum completoLa poderosa reacción de los monopolios informativos que preservan para si la memoria nostalgiosa del imperio del dios mercado, está en directa relación con los intereses afectados. Lo que exigió que la Coalición multiplicara esfuerzos para aclarar los alcances de la ley. En los últimos meses, hemos asistido en Argentina a una verdadera dictadura mediática. Los medios que pertenecen a monopolios y oligopolios han superado todos los límites de la ética periodística por la vía del ocultamiento o tergiversación de la información, presentando solo las voces críticas al proyecto de ley, denominándola como de control de medios, ley K o ley mordaza. Violenta reacción que desconoció el apoyo de importantes sectores sociales y políticos, de referentes internacionales como Frank La Rue -Relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas- y de las redes de Comunicación de América Latina. Afirmaciones invisibilizadoras de construcciones sociales históricas que anteceden al actual gobierno – y seguirán vigentes por fuera del mismo-. Organizaciones y movimientos cuyas prácticas expresan el compromiso por el derecho a la comunicación de todas y todos. Por caso, las prácticas de las radios comunitarias, que con la ley logran finalmente el reconocimiento legal -la legitimidad social no solo ya la poseen sino que es la que las sostiene-, hablan de la otra comunicación, de los otros mundos reales y posibles, de la energía creadora del pueblo, de la diversidad en todas sus expresiones, del ejercicio de la palabra pública con la identidad de los pueblos originarios. La serie de spots “Algunas verdades ante tantas mentiras”[3] producida por FARCO junto a otras producciones gráficas que desarrollaron integrantes de la Coalición, anhelaron aportar claridad a la ciudadanía.

La ley exige a los monopolios un tiempo de inversión y de adecuación. Tiempo de adecuación porque el articulo 161 establece un límite máximo de hasta 10 frecuencias por prestador. Varios de los oligopolios vigentes en Argentina superan largamente ese número, por lo que tendrán que tomar decisiones empresariales y adecuarse a la norma. Pero la nueva normativa también implica la llegada de un tiempo de inversión, porque habrá mayor diversidad de voces, habrá mayor presencia de voces locales y reconocimiento de las identidades regionales y de organizaciones sociales que gestionarán medios. Habrá también un sistema gratuito de televisión, y el cable, o los servicios por suscripción deberán abaratarse. Las cooperativas van a poder ingresar como prestadoras del servicio de radio y televisión. Cada radio y cada canal de televisión tendrán que garantizar una cuota de producción local, con una cuota de pantalla para el cine nacional y latinoamericano y la música nacional. La ley no condiciona contenidos, excepto en cuanto a exigencias que tienen que ver con la producción local, la producción propia y la producción nacional, establecida en un piso del 30 %. La nueva normativa prevé también la figura del defensor del público, hay protección a niñas, niños y adolescentes con propuestas de recepción crítica y designa una nueva autoridad de aplicación – AUFER[4]-, que intervendrá en la regulación del sistema de radio y televisión; órgano en el que participarán integrantes del parlamento, del poder ejecutivo y de la sociedad civil. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual estará presidido por Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO quien fue elegido el 19 de noviembre; este ente tiene por misión asesorar y colaborar con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano máximo de control de la ley 26.522 aprobada el 10 de octubre pasado.[5] Este espacio de participación es otra forma de fortalecer la memoria colectiva, que le da sentido a la sociedad, sobre la base de la participación de diversos sectores, desde distintas experiencias y saberes.

La ley habilita, posibilita, abre caminos, esperanza. Antes la titularidad de las licencias estaba condicionada por la riqueza y el patrimonio, mientras que esta Ley somete dicha titularidad a criterios de idoneidad y trayectoria. Lo que sustrae a la palabra de su mercantilización y la ubica en un campo social poblado de voces, imágenes y acciones múltiples.

Desde la comunicación y la cultura como mirada más amplia, entendemos que se propiciará un proceso de construcción de nuestra propia identidad como país, en torno a un horizonte común que apunte a democratizar la sociedad a partir de la democratización de la palabra. La ley impactará en la vida cotidiana y contribuirá para que la ciudadanía crezca en su mirada crítica acerca del juego de los medios y los monopolios. La ley instala una política cultural dialógica, como reconocimiento de que la cultura es una urdimbre de palabras y de voces, de identidades y visiones del mundo[6], y como larga construcción de la trama socio-cultural desde lo político y de la sociedad política, con la mirada esperanzada en ese otro mundo mejor y posible que nos inspira.
Publicado en http://aler.org/labitacora/?p=1820
Videos:

1.- Repercusiones a favor:

http://www.youtube.com/watch?v=gjUyRUf9d5s&feature=related

2.- El día de la votación (9 /11(09): Video La plaza sin mordaza 08

http://www.youtube.com/watch?v=1pDWgWcH8cc

3.- Festival por el Aguante a la Ley:

http://www.youtube.com/watch?v=cIFwz2232L4&feature=related

4.- Los Festejos en la plaza: Cantando el Himno Nacional Argentino:

http://www.lacopla.org.ar/noticias/17-ley-sca/144-el-himno-en-la-plaza-con-los-dedos-en-v.html

5.- Radio abierta en la jornada del 9 de octubre de 2009: Participación de FARCO y de los cordobeses integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
http://www.youtube.com/watch?v=tRy9nH0wdBU

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[1] www.coalicion.org

[2] Expresión utilizada por Néstor Busso, Coordinador de la Coalición en discurso que antecedió las palabras de la Presidenta Cristina Fernández, en el Teatro Argentino de La Plata, durante los festejos y anuncios de la nueva ley de Radiodifusión. 21 de diciembre de 2009. Discurso completo www.farco.org.ar

[3] Consultar spots “Algunas verdades ante tantas mentiras” en www.farco.org.ar

[4] Este 10 de noviembre quedó conformado el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con la participación de FARCO como miembro titular. El gobierno anunció que el 10 de Diciembre iniciará sus funciones el nuevo AUFER.

[5]Tomado de la página: http://www.farco.org.ar/contenido.shtml?fview=182&x=53869

[6] Huergo Jorge, Nota “La Ley y la palabra” Ponencia en la Universidad de Lomas de Zamora, en el marco de los debates públicos organizados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. 3 de Octubre de 2009

Lecciones de la batalla por los medios (Por Rubén Dri)

El reconocido filósofo y profesor de la UBA Rubén Dri elaboró un análisis del proceso de debate y posterior aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.


"Una ley de la democracia se construye democráticamente", dijo.
En una nota que escribió Dri para el diario Página 12 el día 13 de octubre, el investigador detalló los principales puntos ha tener en cuenta para futuros aprendizajes en materia de construcción política.

A continuación, se detallan los principales ejes de análisis del artículo:

- Se construye desde abajo. Una ley de la democracia se construye democráticamente. Nos referimos a una democracia real que hoy se denomina “participativa”, lo cual en principio es redundante, porque si no hay participación no hay democracia. Pero no está de más el adjetivo por cuanto generalmente la democracia se ha vaciado de contenido al ser sólo “representativa”. La democracia necesariamente es representativa, porque la democracia directa como la pensó Rousseau se ha demostrado inviable como él mismo lo sabía, cosa que dejó aclarada en las propuestas que formuló para su aplicación en Córcega y Polonia. Pero si “sólo” es representativa se vacía de contenido. En efecto, la participación del pueblo que debiera ser el verdadero sujeto de la misma se reduce a poner periódicamente un voto en un sobre. Democracia es kratos del demos, es decir, “poder del pueblo”. Este, como sujeto colectivo actuando, debatiendo, decidiendo y proponiendo las leyes, velando por su aplicación, es el que hace que la democracia sea una realidad y no una mera formalidad. (…)

La “representación” debe responder a los intereses de los representados, pero para que ello suceda éstos deben actuar, hacer sentir su presencia, construir poder popular, poder que vaya de abajo hacia arriba, debatir, proponer. Las leyes serán favorables al pueblo cuando éste haya tenido verdadera participación en ellas. Es lo que ha sucedido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue producto de un largo proceso de debate en el seno de los sectores populares, radios comunitarias, pueblos originarios, organizaciones sociales y culturales, asambleas barriales, organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Serpaj, universidades, organizaciones estudiantiles, agrupaciones políticas, en una palabra, todo el espectro del campo popular. Tras este proceso, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto a las cámaras legislativas, es decir, a los “representantes”, para que lo debatiesen y terminasen con la aprobación. La objeción de los grupos opositores en el sentido de que no tuvieron tiempo de discutirlo es, pues, una de las peores mentiras que se pudieran haber formulado. Si no lo debatieron, fue porque no les interesó. (…)


- La batalla por el lenguaje. En el paso del Estado feudal al moderno fue esencial la función cumplida por el lenguaje, según lo analiza Hegel en la Fenomenología del espíritu. En el Estado feudal el noble obedece pero mantiene a resguardo su propio juicio. Es el “orgulloso vasallo” cuyo lenguaje es el “consejo” por el bien universal. Se reserva su conciencia particular. Para el paso al Estado moderno fue necesario que el noble vasallo cambiase su lenguaje pasando del consejo al “halago”. El vasallo, que en el anterior Estado ejercía el heroísmo del servicio, dispuesto a jugar su propia vida en el campo del combate, pasa a ejercer ahora el “heroísmo de la adulación”, es decir, se transforma en cortesano dándole el yo o la conciencia al Estado y el poder real al yo, de manera que el monarca pudiera decir “el Estado soy yo”.

En la concepción de Hobbes, los hombres se entregan completamente al Estado que lleva el nombre mitológico de “Leviatán”, ese monstruo marino de poderes asombrosos. Pero ese monstruo es, en realidad, una máquina. Le falta la conciencia, el convertirse realmente en sujeto, transformación que sólo puede realizarse por medio del lenguaje. Esa es la tarea que realizan los nobles al transformar el lenguaje del consejo en el de la adulación. La dialéctica de práctica y conciencia, práctica y lenguaje, atraviesa todas las luchas sociales. El triunfo o la derrota en el ámbito del lenguaje tienen consecuencias profundas para el resultado final de la contienda. El momento del lenguaje, que en el paso del Estado feudal al moderno realizan los nobles, actualmente lo cumplen los grandes medios de comunicación, entre los cuales la radio y la televisión junto con los periódicos cumplen la tarea fundamental.

En la lucha que las patronales agrarias entablaron contra el Gobierno y los sectores populares el año pasado, la primera victoria que consiguieron las patronales fue la del lenguaje. De entrada, mediante el monopolio de los grandes medios de comunicación, lograron instalar la idea de que la lucha era del “campo” contra el Gobierno. El “campo” es un símbolo que mueve a la imaginación a dibujar románticas figuras campestres. El campo es el aire puro, lejos de la contaminación de la ciudad, es el frescor de la brisa, el trinar de los pájaros, el perfume de las flores silvestres. Es el trabajador campesino que se levanta con el sol y con él se acuesta. Es el que proporciona el alimento a toda la población. Es todo eso y mucho más. Siendo así, ¿quién puede estar contra el campo? Media batalla ya está ganada. La superconcentración de tierra y riqueza, la explotación de la peonada, las evasiones, la manera como se adquirieron las tierras, las consecuencias para la salud que acarrean los fumigaciones, las superganancias, todo ello queda oculto bajo el manto del “campo”.

En la batalla aún en curso por los servicios audiovisuales, las cosas se presentaron de la misma manera, pero esta vez el Gobierno y los sectores populares no dieron el brazo a torcer en la cuestión del lenguaje. Es necesario tener en cuenta que los grupos sociales y políticos enfrentados son los mismos que estuvieron en la lucha por la cuestión agraria, y la primera batalla se dio en torno del lenguaje. Los grandes medios que estuvieron en contra de la ley en cuestión siempre la nombraron como “ley K” o “ley mordaza” o “ley de control de medios”. De aceptarse este vocabulario, más de media batalla hubiese estado perdida. Los sectores de la “oposición” tuvieron siempre claridad sobre el problema, decididos a dar la batalla por el lenguaje. Pero esta vez, de parte del Gobierno y de los sectores populares no se cedió. La ley siempre fue designada con el nombre que le corresponde: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley otorga a los sectores populares un excelente instrumento para las futuras batallas culturales. Ya no se escuchará una sola voz que les pone nombre a esas batallas, sino que será un concierto de voces que permitirán a la población contrastar opiniones y hacer su propia evaluación.

Ver nota completa: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133361-2009-10-13.html

Opinión: "El fin y los medios" (Por H. Verbitsky)

La nueva ley audiovisual es una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas y de la recuperación del impulso transformador por parte de CFK.

La aprobación en el Senado de la nueva ley reguladora de la comunicación audiovisual por 44 a 24, a un suspiro de los dos tercios de los presentes, constituye una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas, en los términos del conciso discurso del senador pampeano Rubén Marín. Esto marca una recuperación nítida del impulso transformador que fundamentó los mayores logros del primer kirchnerismo y señala la presencia de una movilización social diversa y profunda como limitadora de los lobbies del poder corporativo. También constituye un éxito personal de la presidente CFK, quien diseñó la estrategia participativa que involucró en la cuestión a sectores académicos, profesionales, culturales y artísticos que vienen reclamando una ley de estas características desde hace muchos años, mientras los sucesivos gobiernos anteriores al actual preferían las negociaciones de trastienda con los grupos multimediáticos. Esto ocurrió pese a todas las presiones que los medios ejercieron sobre el senador jujeño Guillermo Jenefes, para que, como dijo en el recinto, traicionara sus convicciones y su militancia en el partido justicialista. Bien avanzada la madrugada de ayer, cuando era evidente que aun los artículos más resistidos serían aprobados en la votación en particular, el vicepresidente Julio Cobos hizo gala de la adaptabilidad que ha sido el rasgo característico de su vertiginosa carrera política: apuró a los opositores que pretendían extender sus aclaraciones, sugiriéndoles que insertaran sus enmiendas en vez de leerlas; desechó con sequedad un intento del senador Samuel Cabanchik por frustrar la sesión con un cuarto intermedio hasta la semana próxima, e incluso se adelantó a responder con una sonrisa irónica en lugar del miembro informante por la mayoría una pregunta muy apropiada de la senadora de la CCL María Eugenia Estenssoro. La sensibilidad del ex gobernador mendocino a la dirección del viento es digna de admirar. En el debate particular tanto el radical Gerardo Morales como la justicialista Sonia Escudero presentaron aportes interesantes que habrían podido aprobarse si la oposición no hubiera elegido desde el principio la táctica de la confrontación y el sabotaje para que la ley nunca se sancionara, por lo que la mayoría no tuvo más opción que desecharlos. Esa mayoría, muy superior a la prevista, fue formada por el Frente para la Victoria, el ARI/SI, el Partido Socialista y un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Se redujo a 40 votos en el artículo sobre la autoridad de aplicación y a 38 en el que establece el plazo de desinversión. La lúcida intervención de la fueguina María Rosa Díaz, fue respaldada por una declaración del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) de las dos Buenos Aires y Santa Fe, que también decidieron no apoyar por ahora ninguna candidatura presidencial (...) El increíble dictamen de minoría presentado por la UCR y sus aliados reintrodujo en el proyecto a las telefónicas que CFK había excluido y vedó a las cooperativas la posibilidad de prestar servicios de comunicación audiovisual en localidades de hasta 6.000 habitantes. La senadora radical de Corrientes Anahí Sánchez desatendió las sugerencias de su jefe político, el vicepresidente Cobos, quien la exhortó a reflexionar. Así como Carlos Reutemann se prepara para una eventual candidatura a presidente ensayando conducción política con su compañera de bloque Roxana Latorre, Cobos hizo la prueba con su seguidora correntina. Si se mira la congruencia entre la conducta de maestro y discípula, Cobos ha tenido más éxito que Reutemann. Uno y otro ya saben, también, que en 2011 tal vez deban competir con el ex senador Eduardo Duhalde, cuya eventual candidatura regocija la política argentina. (...) La transmisión televisiva mostró una gran diversidad entre las distintas señales noticiosas, representativa de la pluralidad de voces que garantiza el esquema actual. Para TN se trató de la Ley de Medios K; para América 24, del grupo De Narváez-Manzano-Vila, de la Ley K de medios. La tapa de Clarín fue menos sintética: “Kirchner ya tiene la ley de control de medios”. A diferencia del conflicto por la resolución 125, la invitación a cacerolear o presionar a los legisladores en las calles no tuvo eco. En la misma semana, el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez se reunió con la mesa de enlace de las cámaras patronales agropecuarias, en un nuevo intento por terminar un conflicto que ensombreció el primer año y medio de mandato de CFK y en cual el gobierno ha ido de concesión en concesión económica, sin que eso se tradujera en algún alivio político, ante la efectiva concertación agromediática que impuso su imagen deforme de la realidad.

El papel de la prensa
Un día antes de que el Senado tratara la ley, La Nación y Clarín denunciaron que el gobierno se propone controlar la prensa escrita, apoderándose del suministro de papel. Esta decisión habría sido transmitida por el buen salvaje a los representantes estatales en la empresa mixta en la que Clarín posee el 43 por ciento de las acciones, La Nación el 28,49 por ciento y el Estado Nacional el 28,51 por ciento en una tempestuosa reunión que se habría realizado el 14 de setiembre. Dos semanas después uno de esos funcionarios estatales, el síndico Carlos Collaso, que hace muchos años ejerce el control público sobre Papel Prensa, narró lo que allí se habría dicho a un escribano. Clarín presentó el acta a la justicia. La denuncia incluía amenazas brutales, más propias de un comic o un policial de serie B que de una discusión política. El nudo de las afirmaciones atribuidas a Guillermo Moreno consiste en el presunto propósito del gobierno nacional de comprar o expropiar la parte privada de Papel Prensa, hipótesis que repitieron algunos senadores radicales al día siguiente en el recinto. Clarín y La Nación adquirieron su participación en los meses que siguieron al golpe militar de marzo de 1976. El banquero David Graiver murió en un sospechoso accidente de aviación en agosto; en noviembre, con el beneplácito expreso de la junta militar, esos diarios adquirieron las acciones que quemaban en las manos de los asustados familiares de Graiver.

El que calla, ¿otorga?
Sólo el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, negó en una sobremesa con industriales, que el Estado tuviera el propósito de hacerse con Papel Prensa. En otras oficinas del gobierno se afirma que Moreno negó haber dicho lo que le atribuyen, lo cual torna más difícil de entender por qué no se formuló una desmentida expresa. “Porque están buscando generar un escándalo con datos falsos para victimizarse en vísperas de la sanción de la ley audiovisual”, explicaron en off. Si la denuncia de Clarín estaba dentro de lo previsible dada la batalla campal entre ese grupo económico y el gobierno nacional, su contenido es sorprendente para quienes conocían los estudios que desde el gobierno se están realizando desde hace dos años, no para adquirir el paquete accionario de Papel Prensa o expropiarlo sino, por el contrario, para vender el tercio aún en manos del Estado.

Vender, no comprar
El Estatuto de la empresa, de 1972, dice en su artículo 8 que “las acciones del Estado Nacional deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual resulte mayor, en el término de diez (10) años en cuotas anuales y consecutivas” y si no lo hicieran el Estado podría venderlo a otros inversores nacionales. Sin embargo hasta el día de hoy el Estado no ha podido desprenderse de esas tenencias y, como socio bobo, financia las ganancias de sus socios privados. Cuando se extinguía la dictadura, en noviembre de 1983, Papel Prensa pidió a la Secretaría de Industria que estableciera el procedimiento para el rescate de esas acciones, y el ministro de Economía Jorge Wehbe firmó la resolución 1359/83. Allí estableció que se entendería por valor de mercado el promedio ponderado de precio de las acciones ordinarias de la empresa cotizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 15 y 45 días antes de la Asamblea General ordinaria de la sociedad. Para tener una idea del precio vil que eso implicaba, la última negociación de Papel Prensa en la Bolsa se produjo el 6 de diciembre de 2007, a 0,022 pesos por acción. Ese día se negociaron 60 mil acciones, por 1.320 pesos. En abril de 1985, en cuanto asumió el ministerio de Economía, Juan Vital Sourrouille dejó sin efecto la decisión de Wehbe, y fijó un precio real para esas acciones. Su resolución 321/85 adujo que las acciones que se negociaban en la Bolsa eran un volumen ínfimo de capital y eran de clase diferente a las que poseía el Estado. Ese mismo año, Papel Prensa presentó un recurso jerárquico ante la Secretaría de Industria contra la resolución de Sourrouille. Sostuvo que el Estado sólo había tenido una participación financiera en Papel Prensa como parte de una política de promoción industrial del sector celulósico papelero, considerado de interés público. Esa subvención “condicional destinada al enriquecimiento del subvencionado” se concretó en un contrato, que obliga a ambas partes y constituye un derecho civil que no puede ser anulado por un acto unilateral de autoridad, agregó con una cita del tratado de Derecho Administrativo de José Roberto Dromi. Casi un cuarto de siglo después ese recurso jerárquico, presentado por Papel Prensa en setiembre de 1985, no se resolvió y el expediente administrativo desapareció dos veces del ministerio de Economía, que debió reconstruirlo. El artículo 9 del balance firmando en junio de este año, sostuvo que no se pagan utilidades porque aún “no se tiene conocimiento sobre la resolución del tema”.

El socio capitalista
Esta participación forzada del Estado en una empresa en la que ya cumplió su función de fomento y no tiene nada más que hacer, implica una subvención que desde 2007 los representantes del Estado observan al analizar el balance en la asamblea de accionistas. Su argumento es que Papel Prensa tiene quebrantos y no cumple su plan de inversiones porque transfiere las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz del reclamo estatal, la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago. Bastó que el Estado reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo del año pasado, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución 125. La participación estatal en Papel Prensa fue tratada en agosto de 1978 por la misión que envió la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que agrupa a los dueños de periódicos del continente. Su informe expresó “graves reservas” sobre el proyecto de Papel Prensa, en el que los diarios “compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar” y advirtieron sobre el peligro de que “esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. Al informar sobre la misión de la SIP, Clarín destacó con negritas el párrafo sobre “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”.

Fuente: Página 12

Nuevos desafíos ante la Ley SCA

Comparto algunos interrogantes que me formularon para una entrevista, y con ellos las primeras reflexiones sobre los desafíos que se vienen en torno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual - SCA-

-Qué aporta esta ley a la sociedad?
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley SCA reconoce entre sus antecedentes el marco jurídico y la normativa internacional y la vigente en nuestro país, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la Información, inherente al ejercicio de una ciudadanía plena. Y el dato más significativo quizá, es que retoma y cita los 21 puntos, elaborados en el marco de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Desde esos aportes y antecedentes, la recientemente sancionada Ley de Medios considera a la comunicación como un servicio y no como un negocio, pone el acento en el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, reconoce y promueve la diversidad cultural, garantiza la pluralidad de voces, la distribución equitativa de frecuencias en tres tipos de prestadores (públicos, de gestión social y privados) con una reserva del 33 % del espectro para los medios sin fines de lucro, diversidad de fuentes de información, promoción del trabajo y la producción local, con claros límites a la concentración monopólica y oligopólica. Abre el camino para una historia de participación y construcción colectiva. Sentidos por los que hemos venimos insistiendo en la larga lucha por el derecho a la comunicación: que implique mayor participación pública y ciudadana en la decisión sobre estándares digitales, en la gestión del espectro y en la elaboración de políticas públicas convergentes en comunicación, cultura, difusión digital, telecomunicaciones, reducción de la brecha digital, y apoyo del Estado con recursos que garanticen pluralidad de voces, de manera incluyente y democrática en el nuevo paisaje digital multimedial.

-Qué ganan y qué pierden los grandes medios?
En primer lugar quiero destacar que la democracia argentina tiene una nueva ley de medios, y con esto gana toda la ciudadanía. Los grandes medios han perdido credibilidad, se desenmascararon, diría que por defender corporativamente sus intereses económicos, no reconocieron ni reflejaron en su justa medida el movimiento social que prohijó esta ley. Y en esa línea podemos afirmar, que los medios privados profesionales junto a aquellos sectores que se opusieron al tratamiento de esta ley, dejaron que les pasara por encima el tren de la historia. Porque la ley SCA significa un antes y un después en el escenario de medios del país.
Recordemos que en el 2004 nació la Coalición por una Radiodifusión Democrática, oportunidad en la que elaboramos los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia. Los presentamos el 27 de agosto de 2004 en una transmisión nacional, y fueron 21 puntos consensuados por más de 300 organizaciones sociales, actores políticos, sociales, culturales, las dos centrales sindicales (CTA y CGT). Fueron 21 puntos, por los 21 años de recuperación de la democracia. Durante 4 años, a lo largo y ancho del país estos 21 puntos fueron presentados, discutidos, consensuados entre la ciudadanía. En Abril de 2008, la Presidenta recibe a la Coalición, y se le presentan los 21 puntos. Luego recibe a las universidades y otros sectores que integran la Coalición. Como parte de este proceso, el 18 de Marzo de 2009, Cristina Fernandez se hace eco de nuestra demanda y presenta en el Teatro Argentino de La Plata el Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de esto, se hicieron 24 foros de debate en todo el país, con más de 1200 propuestas o aportes. Los foros fueron abiertos y públicos. Con esos aportes se corrigió la propuesta original. De modo que el 27 de agosto de 2009, a 5 años de la presentación de los 21 puntos, el gobierno argentino envía un texto de proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso Nacional, con más de 50 modificaciones. Luego vendría el debate en la Cámara de diputados, y las jornadas de audiencias públicas, en las que participaron representantes de radios, universidades y carreras de comunicación, organizaciones sociales y empresarias, organismos de derechos humanos, que enriquecieron el texto. Con igual modalidad se realizaron las audiencias en el senado de la nación. Un consenso y debate inédito en Argentina, creo que nunca antes hubo tanto pueblo en una ley.
Con la ley aprobada, uno de los desafíos de la ciudadanía y de la coalición en particular será luchar para participar en su reglamentación y luego en su implementación. Desde la Coalición siempre luchamos por una Ley que establezca nuevas reglas de juego en el escenario de medios del país. Una Ley que no responda a intereses sectoriales. Luchamos por una Ley para toda la ciudadanía, que le ponga límites a la expansión de los monopolios, que regule el funcionamiento de todos los medios, que habilite a las cooperativas - el art. 45 del decreto ley 22.285 las excluía de la posibilidad de gestionar medios-, en la que tengan participación tanto pequeños como grandes difusores, y obviamente incluya a organizaciones y movimientos sociales como el nuestro – FARCO-
Lo que viene es un tiempo de inversión y de adecuación. Tiempo de adecuación porque el articulo 161 hace referencia a un período de adecuación de los actuales monopolios a lo que plantea la ley: establece un límite máximo de hasta 10 frecuencias por empresa. Varios de los oligopolios vigentes en Argentina superan largamente ese número, por lo que tendrán que tomar decisiones empresariales y adecuarse a la norma. El período puede pensarse de un año y medio o dos (según sea el tiempo que demande la conformación de la autoridad de aplicación, y la reglamentación general del instrumento legal).
También decimos con claridad que viene un tiempo de inversión, porque habrá mayor diversidad de voces, habrá mayor presencia de voces locales y reconocimiento de las identidades regionales y de organizaciones sociales que gestionarán medios. Habrá también un sistema gratuito de televisión, y el cable, o los servicios por suscripción van a abaratarse. Las cooperativas van a poder ingresar como prestadoras del servicio de radio y televisión. Cada radio y cada canal de televisión tendrá que garantizar una cuota de producción local. La ley habla de una cuota de pantalla para el cine nacional y latinoamericano; habla de que las Radios y los canales de televisión tengan trabajadores: periodistas, operadores, técnicos. Lo mismo ocurre con la música nacional. La ley no condiciona contenidos. Excepto en cuanto a exigencias que tienen que ver con la producción local, la producción propia y la producción nacional, establecida en un piso del 30 %. También hay protección a niñas, niños y adolescentes, pero no hay en el texto de la ley ninguna posibilidad de que la autoridad estatal evalúe la línea editorial del medio. Con el aporte de la Red PAR y de otras organizaciones de mujeres, se incorporaron artículos referidos al uso de lenguaje no sexista que apunte a la prevención de violencia hacia las mujeres.
Desde la comunicación y la cultura como mirada más amplia, entiendo que se propiciará un proceso de construcción de nuestra propia identidad como país, en torno a un horizonte común que apunte a democratizar la sociedad a partir de la democratización de la palabra.

-La opinión pública está de acuerdo con esta nueva ley o se dejó persuadir con los mensajes de los multimedios?

Días atrás leía un texto que me envió Jorge Huergo quién decía que la nueva Ley de Comunicación en varios sentidos patea el tablero de la comunicación, pero también el de las políticas culturales en Argentina. En especial, porque revoluciona el campo de la palabra. Señalaba “hay cuatro aspectos centrales de la Ley que contribuyen a revolucionar el campo de la palabra: la des-monopolización de la palabra (y la imagen), la democratización de la palabra, el quiebre de una prolongada des-politización de la esfera pública y el impulso de unas políticas culturales otras”
Estas afirmaciones tienen sentido a la luz del rol central que ha jugado la Coalición por una radiodifusión democrática. Entiendo que es un movimiento social maravilloso, que día a día suma gente en todos los puntos del país. La gente se apropió de los 21 puntos y la militancia por la ley, pese a la campaña feroz de los multimedios. Actualmente bibliotecas, escuelas públicas, organizaciones barriales, organizan debates y foros por la ley. Luchan contra la desinformación de los grandes medios, a quienes ven demasiado preocupados en no perder un segmento de sus negocios. La Coalición expresa a la ciudadanía ganando y resignificando el espacio de lo público. Osea, el quiebre de esa prolongada despolitización de la esfera pública a la que refiere Huergo.
En los últimos dos, tres meses, hemos asistido en la Argentina a una verdadera dictadura mediática. Los medios que pertenecen a monopolios y oligopolios han superado todos los límites de la ética periodística por la vía del ocultamiento o tergiversación de la información, presentando solo las voces críticas al proyecto de ley, denominándola como de control de medios, ley K o ley mordaza. Afirmaciones invisibilizadoras de construcciones sociales históricas que anteceden al actual gobierno - y seguiran vigentes por fuera del mismo-. Organizaciones y movimientos cuyas prácticas expresan por si mismas el compromiso por el derecho a la comunicación de todas y todos y no solo el derecho de las empresas tan defendidos en los spots televisivos de TN por ejemplo. Las prácticas de nuestras radios hablan de la otra comunicación, de los otros mundos reales y posibles, de la energía creadora del pueblo, de la diversidad en todas sus expresiones, de presencia de organizaciones y movimientos sociales. A quienes los grandes medios asignan la crónica roja, un lugar anecdótico o de color si realizan algo llamativo, o como pasa en la mayoría de los casos, son invisibilizados porque la agenda pública pasa por otros intereses. Otro lugar significativo lo ocupan los medios públicos no gubernamentales. Veamos por caso las radios y canales de televisión de las universidades, que por su sola estructura son autónomos y autárquicos.
En este sentido, la ciudadanía está creciendo en su mirada crítica, está descubriendo el juego de los monopolios. Con todo, creo que habrá que continuar trabajando y militando para aclarar y resignificar una ley que a todas luces, es un instrumento legal posibilitador del ejercicio y el derecho a la palabra.

- la oleada de juicios hacia el gobierno, que anuncian los grandes medios, podría ser un factor para hacer flaquear esta ley?No creo que haya una oleda de juicios, en el país tenemos cuatro o cinco monopolios que manejan el 80 % de la información. Dos han expresado abiertamente que accionarán judicialmente en el intento por declarar inconstitucional la ley. Confío en la democracia y los sólidos tratados internacionales que inspiran a la nueva normativa, cuanto el rol de una ciudadanía plena, que continuará trabajando para legitimar tantos años de lucha.

Lic. Judith Gerbaldo

La ley y La Palabra

por Jorge Huergo

El proyecto oficial de Ley de Comunicación (aunque su nombre es otro) en varios sentidos patea el tablero de la comunicación, pero también el de las políticas culturales en Argentina. En especial, porque revoluciona el campo de la palabra.
A mi juicio, hay cuatro aspectos centrales de la Ley que contribuyen a revolucionar el campo de la palabra: la des-monopolización de la palabra (y la imagen), la democratización de la palabra, el quiebre de una prolongada des-politización de la esfera pública y el impulso de unas políticas culturales otras.

La desmonopolización de la palabra

El proyecto de Ley quiebra la concentración mediática, los monopolios y los oligopolios de la comunicación. La Ley desmantela el monopolio de la palabra y de la imagen a partir de la desconcentración de la propiedad de los medios. De hecho, esto garantiza el derecho a la información en condiciones de diversidad, así como la libre expresión. Instaura el derecho a recibir, a difundir y a investigar la información y las opiniones, sobre la base de diferentes tratados de Derechos Humanos que reconoce la Ley. Esto quiere decir que nos pone en situación de sujetos autónomos, no ya de sujetos cautivos.
Por otra parte, la Ley quiebra los circuitos diferenciados (la desigualdad y la consecuente segmentación social) en la producción, distribución, circulación y recepción de información y comunicación. Con la situación legal anterior, el Estado sólo podía dar servicios en áreas no rentables para los sectores privados. En la nueva Ley, el Estado puede brindar servicios a través de frecuencias asignadas, con objetivos democráticos y con participación y control comunitario y social. Esto desplaza al Estado de un lugar subsidiario, a un lugar de productor de situaciones de igualación y compensación; un actor que incide en el quiebre de la segmentación social de la comunicación.
De hecho, la Ley va a demandar la des-mercantilización de las comunicaciones. Por una parte, regularizando a los medios comunitarios o medios de propiedad social. Cabe recordar, además, que con esta Ley el 33% del espectro es para las antes llamadas “asociaciones libres del pueblo” (organizaciones sociales, sociedades locales, mutuales, etc.). Por otra parte, en la situación legal anterior, si bien las restricciones estaban basadas en las necesidades de la Seguridad Nacional (sometiendo la “libertad de expresión” a la Doctrina de la Seguridad Nacional), en los hechos y en el uso estaban basadas en el carácter predominantemente comercial de los medios de comunicación. Además, la titularidad de las licencias estaba condicionada por la riqueza y el patrimonio, mientras que esta Ley somete dicha titularidad a criterios de idoneidad y trayectoria. Lo que substrae a la palabra de su mercantilización y la ubica en un campo social poblado de voces, imágenes y acciones múltiples.
El pedagogo brasileño Paulo Freire decía que: “La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo”. Nuestro ecosistema comunicacional ha sido asediado y depredado por las falsas palabras del mercado y de los intereses políticos que sostiene. La Ley hace posible quebrar esta lógica y consagrar el campo para pronunciar las palabras verdaderas, esas que se relacionan con la transformación del mundo de la vida. Esas palabras que pronuncian diversas identidades y formas de organización, diferentes estrategias para vivir mejor, luchas por el reconocimiento social y para garantizar los derechos de todas y todos.

La democratización de la palabra

La Ley establece la democratización de las tecnologías y la comunicación. Pero da un paso más: no sólo se trata de la propiedad y acceso social a los aparatos o soportes técnicos; también se trata de la democratización de la alfabetización audiovisual. Sienta las bases de un nuevo mapa político cultural. El Estado toma la iniciativa fuerte de generar políticas culturales, no dejándolas en las manos del mercado. Y esas políticas culturales vinculan a la educación y la cultura con la comunicación y la información.
La Ley incluye estrategias de educación masiva, de programas educativos mediados por tecnologías y medios o de difusión de contenidos educativos. Pero la democratización político-cultural no sólo se restringe al acceso o al uso de diversos materiales y soportes educativos. También avanza en la democratización de la producción, de la distribución y de la recepción de voces, imágenes, ideas, identidades, búsquedas, formas de organización. En este sentido, sienta las bases para anudar las nuevas formas de la educación popular con el amplio, complejo y rico ecosistema de la comunicación. En todas sus formas, esto implica el achicamiento de la brecha comunicacional y la incidencia que eso tiene en procesos que marchen hacia situaciones de igualdad educativa. Pero además implica una situación novedosa: la cultura mediática y la tecnicidad (como esas transformaciones producidas en las culturas cotidianas, en las subjetividades y en las formas de percepción, en virtud de los medios y tecnologías) no quedarán casi exclusivamente configuradas por el mercado, lo que abre a una situación y una forma imprevisibles.
Un tópico importante de la Ley es el referido a la niñez y la adolescencia. No sólo se piensa “para” ellos. Se propone la elaboración de un Programa de Recepción Crítica (destinado a docentes, niños, adolescentes) y la creación de un Consejo Asesor del Audiovisual y la Niñez, con representación de niños y adolescentes. (El primero es un Programa sobre el que tenemos algunos reparos, sobre todo a partir de la duda sobre si será un programa regido por la lógica de la racionalización y de la escolarización, y no por las lógicas de la “razón sensible” hecha de experiencia, de juego, de imaginación, de sueños). Sin embargo, ambas estrategias permiten promover la creación de redes de niños y adolescentes. La política cultural se piensa “con” ellos, que han sido asediados y estereotipados (incluso puestos en producciones plagadas de eufemismos –y a veces no tanto– pornográficos que nada tienen que ver con sus identidades) y que ahora son considerados según sus propias características. La Ley permite revivir aquella máxima del pedagogo cordobés Saúl Taborda: considerar y reconocer al niño como niño y al joven como joven, y no como adultos en potencia.
El reconocimiento de la “sociedad de la información y la comunicación” no queda atrapado en la imagen omnipresente de la globalización neoliberal, sino que significa en la Ley el espacio complejo donde se expresan múltiples y diferentes voces y visiones del mundo. De modo que aporta a considerar a la sociedad de la comunicación como el nuevo nombre del espacio público y –en todo caso– de la polis, ese espacio de la política centrado en la palabra.

El quiebre de la prolongada despolitización de la esfera pública

Aristóteles decía en su libro La política que la razón por la que el hombre es un ser político es que posee la palabra. La palabra sirve para interpretar las experiencias y el mundo, para pronunciarlas; pero también para hacerlas posibles, o para constreñirlas. La palabra manifiesta posiciones, visiones, valores, y lo hace bajo la forma de una lucha no violenta, una disputa, una discusión sobre el mundo común. Si no hubiese expresión de la palabra, no habría política. Incluso cuando el monopolio de la palabra haya inscripto sus marcas en los cuerpos, en especial de los sectores que el mercado comunicacional nombró como peligrosos e insignificantes. Esas biopolíticas mediáticas suponían el silenciamiento de una multiplicidad de palabras otras
Venimos de vivir un tiempo prolongado de monopolización de la palabra, de mercantilización de su expresión. Un tiempo prolongado donde esa situación se articulaba con formas de des-politización de la esfera pública, debido a las restricciones y la ausencia de múltiples palabras y voces. El mercado comunicacional actuó como un dios que –como en el mito de la torre de Babel– castiga al pueblo por un pecado: pronunciar distintas palabras con la sonoridad de voces diferentes. Ese mercado fue la prolongación, a su vez, de la divinización de la Seguridad Nacional de la dictadura.
Aristóteles decía que el que no puede vivir en una sociedad política es un dios o una bestia. El dilatado tiempo de mercantilización y despolitización llevó a la consagración de ciertos “dioses” que tenían la propiedad de las riquezas y las palabras, y nos imponían sus visiones del mundo. Concentraciones mediáticas y periodistas “tenderos” o mercachifles que contribuyeron a que muchos fuéramos relegados al lugar de las bestias: sin la posibilidad de pronunciar nuestras palabras y visiones del mundo a través de los medios; confinados a sólo irrumpir en el espacio público con formas que tenían que aparecer en los medios para poder existir en la sociedad política, pero que inmediatamente eran descalificadas por los buenos ciudadanos mediáticos.
El filósofo italiano Giorgio Agamben afirma que “El interrumpirse de la palabra es el paso hacia atrás en el camino del pensamiento”. Con la Ley, asistimos a esa zona de desplazamiento de la interrupción a la irrupción de la palabra; y esa irrupción hace posible reabrir el camino del pensamiento. La concentración mercantilizada de la palabra, cuya contracara fue la ausencia pública de otras palabras y otras voces, ha contribuido a hacer árido el pensamiento propio. La Ley, al instalar la posibilidad de la expresión de la palabra, es parte de una política-cultural pública que avala la recreación del pensamiento propio: nacional, popular y latinoamericano.
Sin embargo, nos preocupa uno de los caminos posibles: el simulacro de la expresión de la palabra que representan tanto el modelo comunitario de Estado (de Álvaro Uribe, que uno sospecha que puede ser proyecto de algunos de los neo-políticos de la nueva derecha argentina) como la cartelización de la socialidad. En ambos se coopta y se simula la expresión de la palabra. Los consejos comunitarios de Uribe (como formas de participación en un nuevo juego social entre demanda y gestión) instalan la nueva posibilidad de ausencia de la palabra, como así también las formas de vaciamiento político de la sociedad democrática. Y lo hacen cooptando modalidades que son propias de la educación popular y de la comunicación popular.
Otro grave peligro es el de la cartelización de la socialidad y la palabra, que ha llevado a que muchos adolescentes y jóvenes intercambien no ya palabras o imágenes de sí mismos, sus lazos y sensibilidades, sus formas de pensar y soñar, sino sus propios pellejos, sus vidas, como si fueran insignificantes, pero nuevas formas descarnadas de la mercancía. La esfera pública se les ha cerrado a esos jóvenes, dominada por el discurso del mercado de la seguridad y por las formas de gestión del miedo. Es la irrupción de lo siniestro, como lo afirman Cristian Alarcón y Rossana Reguillo. Las vidas de esos jóvenes son consideradas desechables; ellas y ellos son considerados por los buenos ciudadanos como anómalos, prescindibles, carentes de sentido; son sólo objetos de pánico moral (en gran medida construidos por los relatos y las imágenes de los medios) y una amenaza pública. La Ley nos permite y nos avala a trabajar en otro sentido: el de la apuesta a que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan decir su palabra; puedan contar sus vidas, construirlas al narrarlas, narrar sus sueños, sus dolores, sus luchas; y, en ese pronunciamiento, puedan contarse con su propia voz y su propia imagen, para hacer posible el reconocimiento mutuo.

El impulso de unas políticas culturales otras

La Ley instituye un campo para pronunciar la palabra. Pero este debe ser un objeto de lucha colectiva, para no dejarlo en manos de nuevos intentos del negociado que implica el acallamiento de la palabra del pueblo. La Ley instala una política cultural dialógica en los dos sentidos del diálogo: como reconocimiento de que la cultura es una urdimbre de palabras y de voces, de identidades y visiones del mundo, y como larga construcción de lo político y de la sociedad política, más igualitaria y justa.
De este modo, la Ley permite el desplazamiento de unas políticas culturales centradas en el multiconsumo y en los consensos forzosos, hacia unas políticas culturales basadas en las diferencias culturales que se tejen y se expresan en nuestra sociedad. En las primeras, el mercado posee un papel definitorio en la construcción de “la” cultura dominante. El sujeto es un consumidor, un usuario, un cliente; autónomo, pero en un sentido individual. Las irrupciones o los conflictos producidos por las minorías o los diferentes se deben (en esta perspectiva) a la persistencia de intereses desordenados socialmente, que terminan siendo peligrosos y objetos de distintos grados de pánico moral. En las segundas, en cambio, se admite el conflicto, que no es acallado o disimulado por el consenso, provenga del mercado o de las políticas oficiales que lo sostengan. Aquí se admiten las narrativas que buscan contar las diferencias y, en todo caso, cómo ellas han sido fraguadas en procesos históricos de desigualdad (que la hegemonía ha soslayado, disfrazado o ignorado). El sujeto, como en nuestros antecesores latinoamericanos (Simón Rodríguez, Artigas, Bolívar, Mariátegui, etc.), es colectivo: es el pueblo, lo que no implica que el pueblo sea un sujeto acabado, monolítico o cristalizado, sino que está configurado por diferencias, atravesado por conflictos y por procesos de búsqueda y de lucha, histórica y culturalmente situados.
La Ley promueve unas políticas culturales que apuntan a la resignificación de la sociedad política, sobre la base del reconocimiento de las diferencias culturales. Esa sociedad política se nos hará posible en la medida en que sean posibles las luchas por vivir y expresarse en este mundo compartido. Se nos hará posible en la medida en que se produzcan cada vez más escenas y procesos de reconocimiento mutuo y de sentido de pertenencia a esta sociedad. Quien es expulsado o es insignificante para los buenos ciudadanos del mercado comunicacional, nunca podría experimentar el sentido de pertenencia social debido a la imposibilidad de ser reconocido. La Ley abre el camino de ese reconocimiento. Podemos volver a soñar lo imposible; o, como decía Rodolfo Walsh: “Hay que empezar a pensar cómo se pueden romper las ataduras del sistema”. La Ley rompe ataduras, nos coloca en un camino de esperanza, pero también en el desafío de seguir luchando por otro mundo posible.