Nadie podría afirmar, a esta altura de la historia del mundo y en particular del periodismo, que la libertad de prensa no es un valor por el cual reclamar. Sin embargo esa “libertad” no es suficiente.
La libertad no puede ser solo para los dueños de los medios. Todas y todos tenemos derecho a expresarnos y derecho a la información plural: el Derecho a la Comunicación es un derecho de todas las personas.
Esa “libertad de prensa” no puede confundirse con la “libertad” de silenciar o invisibilizar a las mayorías para defender intereses particulares. Nos hemos cansado de escuchar en estos últimos tiempos afirmaciones categóricas tales como “peligra la libertad de prensa”; “limitan la libertad de expresión”; “ataques a la prensa libre e independiente”.
Sin embargo, nunca esas afirmaciones han surgido desde organizaciones que representan intereses populares, organizaciones sociales o comunitarias, de derechos humanos, por nombrar solamente algunas que integran el amplio campo popular. Están siendo enunciadas en las letras de molde de los grandes multimedios que han concentrado el poder de la comunicación en las últimas décadas.
Los mismos que fueron sumisos durante las dictaduras hoy se alarman ante los procesos de democratización de las comunicaciones que se abren paso en la nueva América Latina, de la mano de gobiernos populares.
La comunicación tiene que ver, en gran medida, con cómo nombramos las cosas, qué sentido le damos, desde qué punto de vista y en relación con qué intereses.
En el año 2009, cuando se instaló el debate por la denominada “ley de medios” –que venía a reemplazar un decreto de la dictadura genocida-, desde esos mismos grupos de poder se la llamó “ley mordaza”, “ley de control de medios”, “ley de medios K”, por mencionar solo algunas.
Desde las organizaciones del campo popular, en cambio, el sentido fue bien distinto: “ley de democratización de medios”; “ley de radiodifusión de la democracia”; hasta llegar al nombre que legalmente lleva: “Ley de servicios de comunicación audiovisual”.
No es lo mismo llamarla de una manera o de otra. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, decía un personaje de una tira de televisión.
La comunicación es un derecho humano universal. No es un mero negocio lucrativo para que unos pocos se enriquezcan. Si hablamos de derecho, entonces, es necesario que el Estado actúe como garantía de cumplimiento de ese derecho, para que pueda ser ejercido por todos y todas.
El Estado es el responsable de promover el acceso de los sectores más débiles a los bienes que ofrece la comunicación en una sociedad democrática.
Y el derecho a la comunicación no se ejerce solamente siendo oyente, lector, televidente, receptor. Se ejerce activamente cuando los individuos organizados pueden convertirse en emisores, productores, realizadores, siendo titulares de licencias que les permitan formar parte del escenario de los medios de comunicación con pleno derecho.
De igual manera el Estado deber poner límites a quienes quieren acaparar y concentrar el discurso público impidiendo el debate y la participación democrática.
Las radios populares-comunitarias que integramos FARCO sabemos mucho de la falta de libertad para ejercer nuestro legítimo derecho a la comunicación. Un bando militar impuesto como ley de la dictadura nos prohibió durante casi treinta años.
Llama la atención la manera en la cual muchos grupos de poder mediático fueron cómplices de aquella ley, y se opusieron sin éxito a su modificación. No les molestó la falta de libertad durante esas tres décadas.
Los alcances democráticos de la Ley 26.522 irrita a estos grupos, que la impugnaron jurídicamente con la complicidad de algunos pocos jueces durante un tiempo.
Pero la norma que construimos democráticamente y que votaron por amplia mayoría diputados y senadores está vigente, salvo en el artículo 161, que obliga a los monopolios a dejar de serlo, liberándose de la cantidad de licencias que dicta la ley.
La efectiva aplicación de la nueva Ley es el gran desafío para quienes defendemos el derecho humano a la comunicación en todos sus aspectos y alcances, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el día que se conmemora tan importante cuestión, vale la pena recordar que el derecho vale para todos y para todas, y no solamente para los poderosos que hacen de la comunicación un negocio.
*Néstor Busso es Presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina, Presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), y Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).
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